El Ministerio de Educación y FP y las comunidades autónomas han adoptado una serie de medidas “excepcionales” para flexibilizar las prácticas obligatorias en enseñanzas de Formación Profesional del curso 2020, a causa de la situación actual que vivimos por el Covid-19.

Este convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor el viernes 24 de abril, contempla "la adopción de medidas de flexibilización de los currículos de FP que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisan".

Las comunidades autónomas podrán contemplar la reducción excepcional de "la duración de los módulos de formación en centros de trabajo al mínimo de horas contempladas", es decir, 220 horas.

Además, se permite a las administraciones autonómicas "sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral", así como flexibilizar su evaluación, que no precisaría la colaboración del tutor de la empresa.

Medidas que incluyen a las enseñanzas deportivas y artísticas: "En las enseñanzas deportivas de grado medio se podrá sustituir la estancia en entornos productivos propia del módulo de formación práctica por una propuesta de actividades asociadas a situaciones reales de trabajo o práctica deportiva".

En estudios de Grado Superior, el módulo de Formación en Centro de Trabajo se podrá integrar en el módulo de Proyecto, a decisión de la administración autonómica.

Para los estudiantes del último curso de las titulaciones del área sanitaria o sociocomunitaria, las administraciones autonómicas podrán "determinar la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo”.

La FP Dual, modalidad en la que el último curso se realiza dentro de las empresas, también ha tenido que interrumpir su actividad debido a la pandemia. El Ministerio permitirá dar por cesado el convenio con la empresa colaboradora y proceder "a realizar los cambios oportunos en sus matrículas y documentos de evaluación previstos para las enseñanzas de Formación Profesional".

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, liderado por Isabel Celaá, expone en la orden firmada la obligación de adoptar medidas de urgencia para que “preserven los derechos de los estudiantes y que respondan a sus expectativas y a las de las familias y las de los docentes”, por la imposibilidad de que los procesos educativos continúen con normalidad en esta situación.