La nueva norma "contribuye a la mejora de la competitividad empresarial y de la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores, así como el aprendizaje permanente", según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, "permite una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos de la formación y aportará instrumentos adecuados de control para evitar cualquier tipo de irregularidad en la gestión de fondos públicos, en este caso ligados al empleo", añade la misma fuente.
El proyecto de ley de reforma urgente del sistema de FP para el empleo no ha experimentado modificaciones tras su paso por la Cámara Alta. En el trámite previo en el Congreso de los Diputados, el PP aceptó introducir 49 enmiendas al texto. Entre los cambios, destacan los que afectan al 'cheque formación', al papel de los agentes sociales en el sistema, a los centros públicos formativos y a la posibilidad de que empresas de menos de 50 trabajadores puedan agruparse para facilitar su acceso a la formación.
Respecto al 'cheque formación' y para evitar posibles casos de fraude, los desempleados podrán elegir el centro donde quieren recibir la formación y será la Administración la que se encargue de abonar al centro este cheque. Su implantación será consultada previamente con sindicatos y empresarios, y las comunidades autónomas podrán determinar los criterios a seguir.
El texto también contempla que las empresas de menos de 50 empleados podrán agruparse para recibir formación y compartir así los costes. En este caso se ha introducido una enmienda para que las comunidades autónomas puedan, dentro de una horquilla, adecuar los costes de los módulos formativos, teniendo en cuenta que los costes laborales no son los mismos en todos los territorios.
Para el Gobierno, esta reforma de sistema de FP persigue mejorar la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia.
