En España hay casi 100.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les ha incapacitado judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios.
A falta de la votación, todos los portavoces parlamentarios han adelantado durante el debate de la iniciativa su voto a favor de la propuesta, que saldrá adelante con la unanimidad de los grupos y que dará respuesta a una reclamación hecha desde hace años por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Como explica el CERMI, "se trata de una magnífica noticia, la mejor que se podía recibir en vísperas del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad”, y también recuerdan que es un logro “que no ha sido fácil de alcanzar, pero que es un éxito de la sociedad civil en general, y del movimiento social de la discapacidad organizado en particular”.
La ley se publicará en Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor de inmediato.